Inhabilidad de 11 años a Willman Enrique Celemín
La Procuraduría General de la Nación, inhabilitó por 11 años al exalcalde de Yopal, Willman Enrique Celemín Cáceres, para el ejercicio de cargos públicos. Según el Ministerio Público, Cáceres cometió dos faltas disciplinarias, la primera, tiene relación con la celebración de un contrato directo, sin la reglamentada licitación pública, entre la Alcaldía de Yopal y la Caja de Compensación Familiar del Casanare, Comfacasanare, para brindar atención integral a los adultos mayores, aun sabiendo que esa corporación no tenía la capacidad para ejecutar ese contrato. Como muestra de ello está que, Comfacasanare tuvo que subcontratar todas las actividades para las que fue contratada.
En el comunicado la Procuraduría dice que "el objetivo y finalidad de las distintas labores de una caja de compensación familiar no están dirigidas a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, pues aunque ocasionalmente pueden ejercer actos que toquen con este sector poblacional, no se puede afirmar que cuentan con la idoneidad que persigue la norma para ser aptas en la atención integral al adulto mayor, dado que su especialidad y objeto social prácticamente se restringen a asuntos derivados del subsidio familiar y a la administración de los recursos parafiscales a su cargo". La otra conducta tiene que ver con la firma de un contrato para adquirir paquetes de turismo social para los servidores públicos de la administración municipal, celebrado con Aeroviajes Casanare Ltda. De acuerdo con el órgano de control el entonces alcalde desconoció las normas sobre los incentivos que pueden recibir los funcionarios públicos. “Las entidades de las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de investigaciones, programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional”.
Recordemos que el destituido alcalde se encuentra cumpliendo una medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria cuya consecuencia es la pérdida de derechos civiles y políticos y uno de ellos es la de no poder ocupar un cargo público.
